Dos años han pasado ya desde el cierre de la operación Wall, un golpe policial contra una organización criminal que estafaba telefónicamente desde España a ciudadanos en China. Hubo 269 detenciones en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Zaragoza que pusieron a prueba la capacidad judicial de la Audiencia Nacional por el volumen del caso: tuvieron que movilizar todas sus secciones de lo penal para poder tramitar la extradición de los arrestados al gigante asiático.  214 de estos detenidos solicitaron asilo, como taiwaneses y no como chinos, una maniobra que está dilatando el proceso mucho más de lo que se preveía.

Este mes vence el plazo máximo que pueden estar presos sin sentencia condenatoria, por lo que Audiencia está revisando los casos para prorrogar la prisión preventiva: ya ha conseguido la medida para más de 150 de los detenidos y a la cincuentena que resta les espera un destino similar la semana próxima”

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“Pablo Lightowler, abogado de cuatro de los detenidos, lamenta que las prorrógas se estén concediendo «de manera casi automática». «Se escudan en que no tienen arraigo, pero para limitarle la libertad a una persona de esta manera hace falta mucho más, sobre todo por el tipo de delito que han cometido», asegura el letrado, que considera que los autos de prórroga de la prisión preventiva son un «totum revolutum» que no tienen demasiado en cuenta los argumentos de la defensa. Desde la Audiencia Nacional se niega este extremo y aseguran que los autos están realizados «de acuerdo con la práctica jurídica habitual»

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